¿Por qué en España la implantación de las nuevas tecnologías es menor que en países -teóricamente menos desarrollados económicamente- como Chipre, Eslovenia o Portugal? Esta pregunta requiere una respuesta de no fácil solución, pero que sin duda debería sonrojar a las autoridades nacionales responsables del desarrollo TIC en España.
Y es que nuestro país vuelve a quedar en el puesto 34 a nivel mundial en cuanto a implantación TIC según el ranking que publica anualmente el Foro Monetario Internacional. En 2008 se situaba en la posición 31, pero desde hace dos ediciones España se ha estancado en el puesto 34, y se codea con países como Barbados, que para el organismo supranacional posee un desarrollo tecnológico similar.
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El pasado viernes, en Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible sin realizarle apenas cambios al texto que ya levantó a la blogosfera y todos los internautas hace unas semanas. Además, la ministra de Cultura ha dejado clara su postura: no se va a cambiar nada y así se manda la Ley al Congreso.
La Disposición Final Primera del texto es la que más polémica ha suscitado, ya que resulta ser una especie de Ley Hadopi francesa pero “revisada y ampliada” en su versión para España. Este punto de la ley se refiere a Internet y a los derechos de propiedad intelectual y dota al Gobierno de un nuevo poder: el de pedir a las operadoras que les identifiquen quiénes vulneran la ley en materia de derechos en la Red.
Para ello, el Ministerio de Cultura crearía la Comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá dos secciones, la primera tendrá atributos de mediación y arbitraje y la segunda será una especie de policía de la propiedad intelectual. A esta última división le corresponderá controlar quién vulnera los derechos de los tenedores de propiedad intelectual. Cultura ya ha advertido que se perseguirá a las páginas que ofrecen contenido ilegal y no a los usuarios, lo que no tranquiliza a muchos sectores, y deja la puerta abierta al cierre de páginas web.
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